Los representantes de la Iglesia Católica que están en el servicio de la educación boliviana, reunidos en su Asamblea Nacional expresan su sentir respecto a la nueva ley de Educación que se está por aprobar.
En principio creemos que es bueno que los Legisladores se estén preocupando para que el País tenga una norma que dirija el camino de nuestra Educación, pues hace seis años que estamos caminando a tientas.
Una Ley que debería recoger las inquietudes y los anhelos de la sociedad y constituirlos en un derecho para todos.
Desde esta perspectiva nos apena que la ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” no responda a esta realidad social del Estado plurinacional y discrimine y excluya favoreciendo más a unos en desmedro de otros.
Resaltamos en la ley algunos aspectos novedosos y otros, de anteriores experiencias, que han sido profundizados con más fuerza.
Entre los aspectos que consideramos positivos, destacamos:
• El fuerte impulso hacia una educación técnica y productiva.
• La ampliación de la educación preescolar a dos años obligatorios.
• La obligatoriedad del estudio gratuito hasta el bachillerato.
• Fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles,
• Fortalecimiento y desarrollo de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas.
• Uso de lenguas e idiomas oficiales.
• Fortalecimiento de la educación de adultos y especial
• La certificación laboral y artística por competencias.
• Creación de un Instituto de investigaciones educativas y de lenguas y culturas.
Estos aspectos positivos que destacamos no escapan a la experiencia y aporte propositivo de las obras educativas de la Iglesia Católica.
Pero, por otro lado nos preocupa:
• Pese que el artículo primero afirma que la educación es tuición del Estado y la Sociedad, este postulado desaparece de hecho en el desarrollo de la ley. Una prueba de ello es que solo el Estado puede formar maestros, sin que la sociedad pueda intervenir de forma alguna.
• Por otra parte, el primer capítulo dice que los Padres y Madres de Familia tienen el derecho de escoger la educación para sus hijos. Sin embargo en el avance curricular de la ley existe un solo tipo de educación, un currículo diseñado desde el Ministerio de Educación; y en términos de participación, quienes tienen poder de decisión en una unidad educativa son los Consejos Social Comunitarios a la par con los padres y madres de familia.
• La enseñanza de religión es un tema que nos preocupa de manera especial. Como Iglesia y como Educadores Católicos creemos que solo hay auténtica educación cuando esta abarca la integralidad del ser humano. Por eso, la Iglesia habla de Educación Integral en sus tres dimensiones: cultural, intelectual y espiritual.
• Para que la persona pueda crecer en armonía, ninguna de estas tres dimensiones puede ser dejada a un lado. En este cometido, la enseñanza de la materia de Religión recobra un sentido muy especial dentro de la construcción de la personalidad del educando. En consecuencia, creemos que los padres y madres de familia, de acuerdo a su fe, tienen el derecho de elegir la enseñanza de religión para sus hijos e hijas. Las Iglesias tienen la obligación de preparar el currículo y los educadores para tan importante tarea.
Por ultimo, nos preocupa el tratamiento a las Unidades Educativas de Convenio de la Iglesia Católica.
En el primer capítulo de la ley se reconoce, según mandato Constitucional, las Unidades Educativas de Convenio.
Para garantizar la calidad e identidad del servicio que ofrecemos a la sociedad, nos interesa que el Estado, dentro de un Convenio específico, asegure la administración y la gestión de esas unidades, de acuerdo a las normas que de manera conjunta se definirán.
Este comunicado pretende ser un aporte positivo al proceso de promulgación de la ley, su futura reglamentación.
Invitamos a los Padres y Madres de Familia, Estudiantes y población en general a hacer un seguimiento al contenido de esta ley, reflexión y toma de conciencia, por ser fundamental para la formación de las nuevas generaciones y el desarrollo del país.
Cochabamba, 15 de diciembre de 2010.
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